viernes, 19 de julio de 2013

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Con la reestructuración del Poder Judicial se crea el Tribunal Supremo de Justicia, máximo órgano del país y por ende autónomo e independiente en cuanto a su dirección, gobierno y administración.
Está integrado por 7 salas, cada una de ellas integrada por 5 Magistrados o Magistradas, salvo la Sala Constitucional que la conforman 7 Magistrados o Magistradas. El Tribunal Supremo de Justicia en Pleno está constituido por 32 Magistrados o Magistrados de las seis 6 Salas: Político- Administrativa, Casación Civil, Casación Social, Casación Penal, Electoral y Constitucional. Cada Sala cuenta con los Suplentes y Conjueces, con un Secretario, un Alguacil y un Juzgado de Sustanciación, cuya función es desempeñada por el Presidente y el Secretario de la Sala; sin embargo, la Sala Político-Administrativa tiene un Juzgado de Sustanciación Autónomo, el cual está constituido por personas distintas al Presidente y al Secretario de la Sala, en virtud de la asunción a plenitud de las atribuciones constitucionales los juicios que en dicha Sala se ventilan. 

La Sala de Casación Social, sala regente en materia laboral, agrario y de menores, está conformada por cinco (5) Magistrados o Magistradas y es competente para lo siguiente:
1. Conocer el recurso de casación en los juicios del trabajo, familia, de protección del niño, niña y adolescente y agrarios.

2. Conocer, en alzada, los recursos contencioso-administrativos de nulidad en materia ambiental y agraria.

3. Conocer el Recurso de Control de Legalidad.

4. Las demás que establezcan la Constitución y las leyes.



SISTEMA JURIS 2000

El sistema Juris 2000 surgió en el marco del convenio Nro. 3514-VE suscrito entre Venezuela y el Banco Mundial en el año 1993, que a su vez dio origen al “Proyecto de Infraestructura de Apoyo al Poder Judicial”, cuyo objetivo era la modernización en una primera etapa de los tribunales de dos ciudades pilotos del país (tribunales penales de los Palacios de Justicia de Barquisimeto y Barcelona) para luego avanzar a una segunda etapa en la que se modernizarían seis ciudades más. El impacto de la implantación del Modelo Organizacional y Sistema Juris 2000 en estas sedes fue evaluado y arrojó resultados tan beneficiosos para el sistema judicial se consideró continuar con la implantación de los mismos en las demás sedes.

El Juris 2000 trajo como una de sus innovaciones la creación de oficinas centralizadas de apoyo judicial, las cuales se encuentran divididas en dos grandes grupos: Las Oficinas de Apoyo Directo a la Actividad Jurisdiccional y Las Oficinas de Servicios Comunes Procesales (dentro de una misma sede judicial), creando así los Circuitos Judiciales. Asimismo permitió la automatización de las causas  procesales y la jurisprudencia de los tribunales laborales y penales, cumpliendo a cabalidad con la celeridad de la función jurisdiccional de forma controlada y ordenada conllevando finalmente a que el usuario pueda obtener una información precisa sobre sus casos y un mejor servicio de administración de justicia.


En el año 2013, al vencerse la licencia de uso de este sistema, se prevé la implantación de un sistema de software libre desarrollado en el país denominado “INDEPENDENCIA XXI” el cual sustituirá al sistema JURIS 2000 en todo lo referido a control, administración y proceso de las causas llevadas en todas las sedes del país.

lunes, 17 de junio de 2013

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL

El Recurso de Casación se encuentra establecido en el Capítulo VI, Artículos 167 al 177 de la Ley Orgánica procesal del Trabajo LOPT, y no es más que un medio de impugnación extraordinario mediante el cual se persigue la nulidad de un fallo, en virtud que el mismo adolece de vicios que fueron determinantes en la sentencia dictada con el fin de evitar la violación al marco jurídico establecido; el Recurso se anuncia por ante el Tribunal superior del Trabajo que dictó la sentencia que se recurre y si es admitido se formalizará por ante la Sala de Casación Social del TSJ. Así entonces, el Recurso de Casación puede proponerse únicamente:

1. Contra las sentencias de segunda instancia que pongan fin al proceso, cuyo interés principal exceda de tres mil unidades tributarias (3000 U.T.).
2. Contra los laudos arbitrales, cuando el interés principal de la controversia exceda de tres mil unidades tributarias (3000 U.T.). (en este caso de conformidad con Sentencia vinculante de la Sala Constitucional del TSJ se declara la improcedencia del Recurso de casación contra las sentencias que resuelvan la pretensión de nulidad de un laudo arbitral, así se verifica de Sentencia N° 1.773 en fecha 30 de noviembre de 2011,  con motivo del recurso de revisión (Caso: Van Raalte de Venezuela C.A contra decisión emanada del Tribunal Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Transito), sentencia posteriormente publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela bajo el N° 39.841 de fecha 12 de enero de 2012.

El Recurso de Casación se declarará con lugar si cumple con los supuestos establecidos en el Artículo 168 de la LOPT, asimismo debe anunciarse de manera escrita por ante el Tribunal Superior del Trabajo que dictó la sentencia contra la cual se recurre en un plazo de cinco días hábiles siguientes a la publicación del fallo. El Tribunal superior respectivo decidirá si admite o declara sin lugar el Recurso interpuesto, acá se abren dos supuestos:

1.- SI LO ADMITE: se formalizará el Recurso de Casación desde el día siguiente; si el recurrente no lo hace, se remitirá el expediente al Juez que deba conocer de la ejecución de la sentencia. La parte recurrente debe formalizar un escrito razonado, donde se muestren los alegatos que justifiquen la nulidad del fallo recurrido, asimismo la contraparte podrá consignar por escrito los argumentos que a su juicio contradigan los alegatos del formalizante. Luego, la SCS fijará el día y la hora de la Audiencia oral y pública, donde ambas partes presentarán sus defensas; el Tribunal debe emitir la sentencia en forma oral e inmediata, y posteriormente reproducirla y publicarla a los cinco días hábiles.


2.- SI NO LO ADMITE: el Tribunal Superior del Trabajo mantendrá el expediente por cinco días hábiles, a fin de que el interesado pueda recurrir ante la Sala de Casación Social SCS del TSJ a través de un Recurso de Hecho, en la que expondrá porque el Recurso de Casación debe ser admitido. La SCS del TSJ decidirá sin audiencia previa, a los cinco días hábiles al recibo de las actuaciones sobre el Recurso de Hecho, si lo declara con lugar procederá a contarse los días respectivos para la formalización del Recurso de Casación, si lo declara sin lugar entonces remitirá el expediente respectivo al Tribunal ejecutor competente.

PROCEDIMIENTO DE SEGUNDA INSTANCIA EN EL PROCESO LABORAL VENEZOLANO (AUDIENCIA DE APELACIÓN)

En el Capítulo V, Articulo 163, 164, 165 y 166 de la Ley Orgánica procesal del Trabajo se establece el Procedimiento de Segunda Instancia laboral, es decir la Audiencia de Apelación, la cual se fijará al quinto día hábil de recibido el expediente por el Tribunal Superior del Trabajo (fijará día y la hora en un lapso no mayor de quince días), donde la parte apelante debe comparecer obligatoriamente, si no asistiera se considerara desistida la apelación y se enviará el expediente al Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución correspondiente para que ejecute la sentencia. En caso contrario, es decir que si asista, se iniciará la Audiencia de Apelación la cual es oral y se expondrán por ante el Juez Superior del Trabajo los motivos por los cuales se apela, reclaman o no se está de acuerdo con la sentencia definitiva de Primera Instancia; el tiempo para la exposición oral es aproximadamente diez minutos, pero el Juez determinará qué tiempo es prudente de acuerdo a la complejidad del caso. Una vez concluido el acto, el Juez Superior del Trabajo deberá pronunciar su fallo en forma oral, debiendo reproducir posteriormente la sentencia definitiva.


La Apelación es una acción que las partes tiene derecho de conformidad con la normativa procesal laboral, aquella parte que la ejerce es porque siente que fue violentado, vulnerado o existió un vicio en la decisión de primera instancia que no fue tomado en cuenta u omitido y por ende lo afectó. Es por ello que se apela contra la sentencia definitiva dictada en primera instancia, lo cual implica que el Juez Superior del Trabajo conozca sobre todo el asunto que fue sometido a revisión en la medida del agravio presuntamente sufrido.
El conocimiento del Juez Superior quedan limitados al agravio, violación o vicio denunciado por el apelante, mas no en otros puntos por lo que este no podrá decidir, modificar o revocar puntos o partes de la sentencia de primera instancia que no fueran impugnados, ya que si lo hace, incurriría no sólo en desconocimiento de principios procesales sino también en la vulneración de derechos constitucionales a la defensa y el debido proceso. 

viernes, 7 de junio de 2013

AUDIENCIA DE JUICIO (ESTABLECIDA EN LA LEY ORGÁNICA PROCESAL DEL TRABAJO)

La jurisdicción laboral en primera instancia está conformada por los Tribunales de Sustanciación, Mediación y Ejecución y los Tribunales de Juicio; los Tribunales Superiores conocen en Segunda Instancia y en última instancia la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (en cada una de estas instancias se realizan audiencias orales de las partes). El procedimiento laboral venezolano se desarrolla a través del sistema de audiencias, en primera instancia se lleva a cabo en dos etapas, cada una de ellas asignada a un tribunal, la primera fase se lleva a cabo en el Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución donde se realiza la Audiencia Preliminar y, la segunda en el Tribunal de Juicio que es la encargada de realizar la Audiencia de Juicio. (Artículos 14 al 19 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo LOPT).

La Audiencia de Juicio se encuentra establecida del Articulo 150 al 162 de la LOPT, y es una audiencia oral presidida por un Juez (distinto al de la Audiencia preliminar) que será celebrada en un lapso no mayor de 30 dias hábiles una vez recibido el expediente por el Tribunal de Juicio; la comparecencia de las partes es obligatoria ya que es el momento u oportunidad que tienen para exponer verbalmente sus alegatos y/o defensas, evacuar las pruebas y hacer uso de los medios de oposición a dichas pruebas (impugnación, tacha, desconocimiento, etc) que consideren pertinentes para la mejor defensa de sus derechos e intereses. Finalizada la evacuación, cada parte expondrá sus conclusiones y el Juez se retirará de la sala 60 minutos y luego volverá para pronunciar la sentencia de forma oral. Dentro del lapso de 5 días hábiles siguientes deberá reproducir y publicar de forma escrita el fallo, con la razones de hecho y de derecho que la sustentan.

PRIVILEGIOS Y PRERROGATIVAS DE LA REPÚBLICA (ARTICULO 12 LOPT):

- Para la celebración de la Audiencia preliminar de acuerdo a la LOPT es el décimo dia hábil después que conste en autos la certificación de la notificación del demandado, en el caso que la Republica sea la demandada no opera este lapso, sino el señalado la Ley de la Procuraduría General de la República la cual establece que la Audiencia Preliminar debe celebrarse a los 90 días siguientes después de notificados.

- De acuerdo a la Ley de la Procuraduría General de la República ningún ente público puede ser condenado a costas, salvo que en Ley especial se determine lo contrario. En este caso, la excepción son los municipios así se evidencia de sentencia emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 17 de diciembre de 2010, caso: JOEL RAMÓN MARÍN PÉREZ contra INSTITUTO MUNICIPAL DE ASEO URBANO (IMAU). Privilegios y prerrogativas del Municipio.

- En cuanto a la  confesión ficta es conveniente revisar la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 810, de fecha 18 de abril de 2006, haciendo referencia a la incomparecencia del demandado en el procedimiento laboral.

- Por último, cuando la Republica es la demandada, el no contestar la demanda no opera la admisión de los hechos alegados por el demandante en el libelo, en caso contrario opera la negativa y rechazo a todos y cada uno de los hechos y alegatos esgrimidos por éste ultimo.


lunes, 27 de mayo de 2013

EXPECTATIVAS SOBRE LA MATERIA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS TRIBUNALES LABORALES EN VENEZUELA

Al iniciar una nueva materia se crean muchas expectativas sobre la misma, tanto personales como académicas, ya que al ser seres humanos racionales llevamos la sed o el afán de adquirir conocimientos, destrezas y habilidades para poder sobrevivir o en este caso, alcanzar un logro profesional. La Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional valiosamente apertura la Especialización en Derecho Procesal Laboral cubriendo un campo del Derecho que está muy presente en nuestra vida cotidiana, es decir, la mayoría de nosotros trabajamos o conocemos a alguien que trabaja en determina profesión u oficio, contribuyendo al hecho social trabajo y a la evolución de la sociedad, es por ello que el capacitar profesionales del Derecho en este ámbito cubren e incentivan el correcto análisis y aplicación del Derecho.


La materia llamada Organización  y Funcionamiento de los Tribunales Laborales en Venezuela es clave para todo Especialista en Derecho Procesal Laboral ya que es el esqueleto del funcionamiento de los Tribunales Laborales, que no es otro que el centro de acción, el punto de encuentro entre los diversos componentes de la relación laboral, por lo que considero acertado que la UNEFA haya depositado la confianza de liderar esta materia en un profesional capacitado y apto para formarnos amplia y cabalmente con respecto a esto, creando o despertando la conciencia del aprendizaje. Es por ello, que mis expectativas no son más que el aprovechamiento total de los temas a impartir en clase, el intercambio de ideas, vivencias y conocimientos, luchando contra el factor negativo que existe, el cual es el tiempo, ya que son pocas clases para un tema tan extenso y que tiene muchos detalles que deben ser estudiados minuciosamente, por lo que se debe invertir, planificar y ejecutar de la mejor manera lo planeado. 

BASE CONSTITUCIONAL DE LA JURISDICCIÓN LABORAL VENEZOLANA

En Venezuela para poder entender el Derecho Laboral se debe conocer inicialmente el basamento legal, el cual conforma el esqueleto de toda la Sociedad así como del Derecho. 
Existe en primer lugar una Distribución político territorial organizada verticalmente, integrada por el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional; y luego una Distribución funcional organizada horizontalmente, integrada por el Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. De conformidad con el Artículo 136 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado.

Por lo que, la jerarquía de la normativa legal venezolana es el siguiente (de acuerdo a la Pirámide de Kelsen): 1.- Constitución Nacional     2.-Ley Orgánica     3.-Ley Ordinaria / Decreto Ley    4.-Reglamentos  y 5.-Ordenanzas.

Asimismo, el Articulo Art. 156, numeral 32 de nuestra Carta Magna establece que es competencia del Poder Público Nacional ”la legislación en materia de derechos, deberes y garantías constitucionales… la del trabajo, previsión y seguridad sociales”, por lo que apertura  o abre el rango de materia especial y por ende régimen especial del Derecho Laboral. Para la elaboración de la Normativa laboral se tomaron en cuenta muchas normativas internacionales por ejemplo: la Ley de pobres (Inglaterra 1601),  Legislaciones europeas producto de la revolución industrial (p.e. ley de resguardo a los efectos nocivos de la revolución industrial, ley de fabricas 1933),  Constitución mexicana 1917, entre otras; así como Normativas Nacionales tales como: Leyes de indias y las instrucciones del gobernador Berroteran (1680),   Códigos, leyes y ordenanzas municipales de policía en las provincias (1830-1917),   Constitución de Barcelona de 1812, entre otras, lo cual origino la creación de Leyes del trabajo y sus Reglamentos Nacionales, asociados a la realidad del país para ese entonces. 

En el año 1999 se realizó la Reforma de La Constitución Nacional del año 1961, en la que se ampliaron los poderes existentes, se redistribuyeron las competencias, se ampliaron los derechos y deberes civiles, políticos y económicos, así como la maximización de los derechos sociales, en la que se reconoce el trabajo como un hecho social que debe ser amparado y protegido por el Estado en su totalidad, lo cual es en la actualidad el corazón del Derecho laboral, asimismo es el punto de origen para cualquier reforma, creación o extinción que se presente en esta materia.